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Exigió el FPR que no se remuevan evidencias de la represión de 2016 en Nochixtlán

Organizaciones sociales, populares y de derechos humanos manifestaron su preocupación ante el intento de que sean removidas las evidencias de la represión que se vivió en ese municipio el 19 de junio de 2016, por diversas fuerzas policiales federales y estatales que irrumpieron violentamente en Asunción Nochixtlán.

El Frente Popular Revolucionario (FPR), indicó que en esa ocasión se hizo uso de armas de fuego y gases lacrimógenos contra la población, y el operativo dejó personas asesinadas, decenas de heridos y graves afectaciones a la integridad y los derechos humanos de los habitantes.

Afirmaron que a más de diez años de aquellos acontecimientos, la justicia sigue siendo una deuda pendiente, pues las víctimas continúan enfrentando un proceso penal marcado por dilaciones, diferimientos y obstáculos que prolongan su sufrimiento y mantienen la impunidad.

Expresaron su profunda preocupación y rechazo ante la solicitud que de acuerdo con la información conocida, el actual presidente municipal de Asunción Nochixtlán hizo llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), para retirar las evidencias materiales que permanecen en el lugar donde ocurrieron los acontecimientos del 19 de junio de 2016.

Aseguraron que estos elementos no son simples restos materiales ni obstáculos para el desarrollo de la comunidad; constituyen evidencias relacionadas con los hechos que aún son materia de investigación y forman parte de un proceso penal en curso, por lo tanto no puede pretenderse su retiro, traslado o alteración al margen de las determinaciones de las autoridades competentes y sin considerar los derechos e intereses legítimos de las víctimas.

Lamentaron que mientras las víctimas siguen esperando justicia, se impulsen decisiones que pueden comprometer la preservación de evidencias fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, la memoria de Nochixtlán no puede subordinarse a intereses administrativos ni a decisiones unilaterales.

Dijeron que las evidencias deben permanecer debidamente resguardadas mientras sean necesarias para la investigación y el proceso judicial, pues retirarlas sin las garantías legales correspondientes significaría poner en riesgo el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia.

De igual manera, manifestaron su absoluto rechazo a la pretensión de instalar una base de la Guardia Nacional en Asunción Nochixtlán, y se pronunciaron en contra de que se establezca una instalación de esta naturaleza en el pueblo, particularmente cuando su población tiene una historia marcada por la intervención violenta de fuerzas federales y estatales.