El Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que instituciones educativas y asociaciones civiles del sector puedan impugnar las regulaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que buscan restringir la venta de comida chatarra en planteles escolares. 
La decisión abre un nuevo capítulo en la política de salud pública y alimentación en escuelas: mientras autoridades impulsan una mayor vigilancia para prevenir obesidad y enfermedades crónicas, directivos plantean que algunas normas les impiden autonomía o adaptarse a contextos diversos. El debate enfatiza la tensión entre regulación y libertad educativa.
