Tras casi 20 años de negociaciones internacionales, este fin de semana entró oficialmente en vigor el Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, un acuerdo histórico que busca preservar y regular de manera sostenible las aguas internacionales y el lecho marino.
La activación del tratado ocurrió al cumplirse el plazo de 120 días posteriores a la ratificación mínima requerida de 60 países, como lo establece el propio documento. Hasta el momento, 83 naciones han ratificado el acuerdo, lo que implica su carácter jurídicamente vinculante y la obligación de incorporarlo a sus marcos legales nacionales.
El Tratado de Alta Mar tiene como objetivo central la protección de la vida marina en zonas que no pertenecen a ningún país, pero que representan más de dos tercios de la superficie oceánica y más del 90 por ciento del hábitat del planeta en términos de volumen. Estas áreas, hasta ahora con escasa regulación, son clave para la biodiversidad global y el equilibrio climático.
Entre los países que respaldaron el acuerdo se encuentran economías relevantes como China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Desde la Organización de las Naciones Unidas se subrayó especialmente la adhesión de China, debido al peso que tiene en sectores vinculados al océano como la pesca, la acuicultura, la construcción naval y la explotación de recursos energéticos marinos.
Sin embargo, aún permanecen al margen potencias como Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. En el caso estadounidense, aunque el tratado fue adoptado en 2023, la ratificación quedó en suspenso tras el cambio de gobierno, pese a que el país se ubica entre los principales exportadores de bienes relacionados con la economía oceánica.