El Congreso del Estado aprobó reformas al artículo 383 Bis del Código Penal de Oaxaca, con el propósito de tipificar de manera más clara el delito de extorsión y diversas formas de coacción, incorporando agravantes y sanciones más severas.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, la pena base será de 3 a 9 años de prisión y una multa que oscila entre mil y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En casos específicos, las penas podrán duplicarse, por ejemplo, cuando se empleen medios digitales, se difundan imágenes o mensajes de contenido íntimo, se simule pertenencia a grupos criminales, o la conducta se realice desde un centro penitenciario.
También se establecen agravantes cuando la víctima sea comerciante, transportista, persona menor de 18 años o mayor de 60, o cuando se cometa con violencia física, con armas o instrumentos peligrosos, o para obtener cobros derivados de incidentes viales.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo, quien destacó la urgencia de frenar la extorsión por el impacto que tiene en la seguridad ciudadana, la economía y la paz social.
En este sentido, el decreto aprobado por unanimidad con 38 votos en Sesión Extraordinaria Virtual, se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y con la iniciativa federal impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca la creación de una Ley General en materia de extorsión.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de 2025 se han registrado 30 denuncias en la entidad, además de las 25 que reportó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en el mismo periodo, reflejando un incremento en este tipo de ilícitos.