El presidente de Nayib Bukele firmó una reforma legal que permite imponer cadena perpetua a menores de edad, incluso desde los 12 años, en casos de delitos graves como homicidio, violación o terrorismo, en el marco de la estrategia de seguridad implementada en ese país.
La modificación al sistema penal amplía las sanciones máximas que anteriormente diferenciaban entre adultos y adolescentes. Con esta reforma, los jueces podrán aplicar la pena más severa a menores involucrados en estructuras criminales, especialmente pandillas, aunque se contempla la posibilidad de revisiones de sentencia conforme al paso del tiempo y la edad del acusado.
La medida se da en continuidad al régimen de excepción impulsado por el gobierno salvadoreño desde 2022, enfocado en el combate frontal a grupos delictivos. Las autoridades sostienen que esta reforma busca cerrar espacios de impunidad, al considerar que organizaciones criminales utilizaban a menores para cometer delitos de alto impacto.
Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por esta disposición, al advertir que podría vulnerar los derechos de la niñez y eliminar garantías especiales para adolescentes dentro del sistema de justicia. La reforma ha generado un amplio debate entre seguridad pública y protección de derechos fundamentales.