En una larga y tensa jornada legislativa que se extendió por más de 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, desatando un fuerte malestar entre campesinos y propietarios de pozos en todo el país. La votación culminó con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, de un total de 444 legisladores presentes.
Aunque la reforma había sido avalada en lo general el miércoles, su aprobación final encendió preocupación en sectores del campo, que consideran que los cambios representan un golpe directo a su actividad diaria. Uno de los puntos más controversiales es que el agua, aun cuando se encuentre dentro de un predio privado, pasará a ser plenamente propiedad del Estado, lo que elimina derechos adquiridos por quienes dependen del recurso para su subsistencia.
Diversas organizaciones rurales han señalado cinco motivos principales de preocupación:
• Imposibilidad de transferir concesiones de agua, lo que reduciría el valor de las tierras y dificultaría la continuidad de actividades agrícolas.
• Aumento de sanciones y nuevas figuras de delitos hídricos, generando mayor incertidumbre jurídica para los productores.
• Riesgo de que concesiones históricas no sean renovadas, afectando directamente a quienes dependen del riego para mantener sus cultivos.
• Ausencia de mecanismos de apoyo para modernizar la infraestructura hídrica, considerada clave para optimizar el uso del agua.
• Desprotección de pequeños productores frente a grandes empresas, lo que podría acrecentar brechas y desigualdades en el sector.
La aprobación de la reforma deja al campo mexicano en un escenario de tensión e incertidumbre, mientras organizaciones y especialistas advierten sobre su impacto en la seguridad alimentaria y en la vida de miles de familias rurales.