La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que plantea limitar el acceso a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a personas que cuenten con una sola nacionalidad.
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, con lo que avanzó el dictamen que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con el proyecto, quienes aspiren a alguno de estos cargos deberán acreditar únicamente la nacionalidad mexicana. En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, conforme a los procedimientos que establezca la legislación correspondiente.
La propuesta también contempla restricciones relacionadas con el vínculo jurídico con otro Estado. Entre ellas se incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país, el ejercicio de derechos políticos como ciudadano extranjero y la posibilidad de solicitar protección diplomática de otro Estado.
La modificación, en caso de completar todo el proceso legislativo, comenzaría a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. El régimen transitorio establece que no afectaría a quienes se encuentren en funciones al momento en que entre en vigor el decreto.
El dictamen generó posiciones encontradas durante su discusión en San Lázaro. Mientras sus impulsores señalaron que busca establecer una condición de nacionalidad única para quienes encabecen los gobiernos federal y estatales, legisladores de oposición cuestionaron los alcances de la medida y sus posibles efectos sobre personas con doble nacionalidad.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá continuar su recorrido en el Senado de la República, donde será analizado y sometido a votación.
Si obtiene el respaldo de la Cámara Alta, todavía deberá ser aprobado por al menos 17 congresos estatales para completar el procedimiento de reforma constitucional. Posteriormente, correspondería su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.