La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, ejecutó una orden de aprehensión contra dos personas identificadas como A.L.J. y J.L.J., señaladas como presuntas responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio ocurridos en la región de los Valles Centrales.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales relacionadas con delitos de alto impacto, los hechos se registraron el 11 de enero de 2025 en un terreno localizado en el paraje conocido como La Tuna, en el municipio de San Miguel Tilquiápam, perteneciente al distrito de Ocotlán de Morelos.
Según consta en la carpeta de investigación, las víctimas identificadas como C.J.A.R. y M.B.A.R. se encontraban en el lugar cuando fueron agredidas con disparos de arma de fuego. Como resultado del ataque, C.J.A.R. perdió la vida, mientras que M.B.A.R. sufrió lesiones graves.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, inició las indagatorias correspondientes, lo que permitió reunir datos de prueba suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión contra los dos probables responsables.
Las labores de investigación y localización permitieron establecer que los imputados se encontraban en el estado de Coahuila, por lo que se solicitó el apoyo de la fiscalía de esa entidad para cumplimentar el mandato judicial.
Finalmente, ambos sujetos fueron detenidos en la calle Hidalgo, esquina con Pípila, en la zona centro de esa entidad, y posteriormente quedaron bajo resguardo para iniciar los procedimientos legales necesarios para su traslado al estado de Oaxaca.
Una vez presentados ante la autoridad judicial y tras la valoración de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el juez de la causa determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras se define su situación jurídica.
La Fiscalía de Oaxaca señaló que el uso de protocolos especializados y técnicas científicas de investigación permite fortalecer los procesos de procuración de justicia y avanzar en el combate a la impunidad.