En los últimos meses, los comercios en México han enfrentado un escenario económico desafiante marcado por un aumento en la carga fiscal y una elevación generalizada de los precios de productos de consumo cotidiano. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, tabaco y otros bienes ha sido objeto de debate, ya que su incremento, promovido en el Paquete Económico 2026, ha llevado a que empresas y negocios ajusten sus listas de precios. Estos cambios repercuten de forma directa en el gasto de los consumidores y en la capacidad de los pequeños establecimientos para mantener sus niveles de ventas habituales.
Esto se traduce en una presión adicional para miles de tiendas de barrio y comercios tradicionales que dependen de productos gravados con impuestos especiales como parte importante de sus ingresos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha advertido que el incremento en costos puede reducir la demanda y obligar a muchos vendedores a reducir su oferta o, en casos extremos, considerar el cierre de operaciones si no encuentran estrategias para amortiguar este impacto. Además, algunos analistas señalan que el encarecimiento de bienes influye en el poder de compra de las familias, lo que, a su vez, retrae el consumo general en el mercado interno.
A ello se suma que la inflación general en productos básicos se mantiene elevada, presionando aún más los presupuestos familiares y generando un entorno de menor dinamismo comercial. Esta combinación de impuestos más altos e incremento de precios pone en evidencia la complejidad de equilibrar políticas fiscales con la salud del sector comercial, especialmente en el segmento de pequeñas y medianas empresas que constituyen una parte esencial de la economía nacional. La respuesta de los actores involucrados y las posibles medidas de apoyo serán clave para determinar si el sector logra adaptarse a estas condiciones sin afectar significativamente su viabilidad.