El gobierno de Colombia dio luz verde a una medida que ha generado amplio debate, al aprobar la eutanasia de al menos 80 hipopótamos descendientes de los animales introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980. La decisión forma parte de una estrategia oficial para contener la expansión de esta especie considerada invasora.
Según informó el Ministerio de Ambiente, la población de estos ejemplares ha crecido sin control, superando ya los 150 e incluso acercándose a los 200 individuos. De no intervenir, se estima que la cifra podría alcanzar hasta mil en los próximos años, lo que representaría un riesgo ambiental significativo.
Especialistas han advertido que la presencia de estos animales afecta de manera directa a los ecosistemas locales, ya que desplazan a especies nativas como los manatíes y deterioran la calidad del agua en zonas cercanas al río Magdalena, una de las principales cuencas del país.
El plan gubernamental contempla iniciar la eutanasia en el segundo semestre de 2026, luego de que otras opciones como la esterilización o el traslado a otros países fueran descartadas por su alto costo, complejidad logística o limitada efectividad.
No obstante, la medida ha provocado opiniones divididas. Mientras científicos y autoridades ambientales la consideran necesaria para proteger la biodiversidad, grupos defensores de animales la califican como una acción excesiva y resultado de la falta de intervención oportuna por parte del Estado.
Este problema ambiental tiene su origen en apenas cuatro hipopótamos que fueron llevados por Escobar a su hacienda privada. Tras su muerte, los animales quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse sin control, dando origen a la mayor población de hipopótamos fuera del continente africano.