El Gobierno de México ha puesto sobre la mesa una reforma arancelaria que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, con la intención de resguardar la producción interna frente a la competencia externa. Esta modificación, que implica aplicar gravámenes de entre 5 y hasta 50 % a más de 1 400 líneas de productos importados de países asiáticos sin tratados comerciales con México, responde a la necesidad de equilibrar la balanza comercial y proteger sectores clave como el automotriz, textil y metalúrgico. Según autoridades, estos ajustes solo representarían un impacto muy moderado en la inflación, alrededor de 0.2 puntos porcentuales, y afectarían a aproximadamente 8 % del comercio total del país.
Además, las autoridades han subrayado que la medida no está diseñada para apuntar específicamente contra un solo país, sino para fortalecer el mercado interno frente a importaciones que, en muchos casos, ingresan con precios por debajo de los referentes internacionales, lo cual dificulta la competencia local. El secretario de Economía ha señalado que estos cambios podrían proteger hasta 350 000 empleos y generar mayores ingresos para la hacienda pública, explicando que las nuevas barreras buscan nivelar condiciones sin presionar de forma significativa los precios al consumidor.
Conectando este panorama al contexto global, estas decisiones se dan en un entorno de ajustes comerciales más amplios, donde el Senado de la República ha aprobado iniciativas similares y otros países analizan la forma de responder a las políticas proteccionistas. Aunque algunos socios comerciales han expresado inquietudes sobre la salida de productos desde México hacia sus mercados, el Gobierno defiende que se trata de una estrategia integral para impulsar la industria nacional, mantener empleos y reducir desequilibrios en la balanza comercial que históricamente han favorecido a ciertas importaciones desde Asia.