El abandono paterno y el incumplimiento de pensiones alimentarias se han convertido en una problemática social persistente en México, con impactos económicos y emocionales en millones de familias. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen alrededor de 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes, lo que equivale a cerca del 9.3% de los hombres que son padres y evidencia la magnitud del fenómeno en el territorio nacional.
Esta situación ha derivado en que millones de mujeres asuman solas la crianza y manutención de sus hijos. Se estima que 7 de cada 10 madres en estas condiciones son económicamente activas, muchas de ellas en empleos informales o con bajos ingresos, lo que agrava la desigualdad económica. Además, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, frente a 15.9 horas de los hombres, lo que representa una doble carga laboral no remunerada.
En cuanto a la pensión alimentaria, las cifras reflejan un alto nivel de incumplimiento. En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión, y aproximadamente 67.5% de las madres solteras no cuentan con este apoyo económico, lo que vulnera directamente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El problema también se manifiesta en el ámbito legal. Aunque en algunos casos se otorga la pensión tras procesos de divorcio, su cumplimiento es irregular: solo 2 de cada 10 mujeres consideran confiable este ingreso, debido a retrasos o pagos incompletos. Frente a ello, se han impulsado mecanismos como el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que busca visibilizar a quienes incumplen con esta obligación y limitar ciertos derechos civiles hasta que regularicen su situación.
En conjunto, el abandono paterno y la evasión de responsabilidades alimentarias representan una forma de violencia económica que impacta directamente en el desarrollo infantil y en la estabilidad de los hogares. Especialistas coinciden en que, además de fortalecer los marcos legales, es necesario promover una cultura de corresponsabilidad parental que garantice el bienestar integral de las infancias en México.