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Migrantes orillados a salir en caravana desde Tapachula

A horas del inicio de la “Caravana por la Libertad”, programada para el 1 de octubre, el activista Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., dijo que los migrantes están obligados a realizar estas actividades por la falta de atención de las autoridades migratorias mexicanas, a quienes responsabilizó de provocar la crisis humanitaria que obliga a miles de personas a salir caminando del país.

 

“Tapachula es un monumento a la inoperancia en las instituciones que tiene que ver con la movilidad humana como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pues son miles de migrantes que denuncian la corrupción”.

Luis García Villagrán / Director Centro de Dignificación Humana.

Dijo que los migrantes en situación vulnerable enfrentan extorsiones para acceder a servicios básicos de regularización. Entre los abusos denunciados, se incluyen cobros ilegales por ingresar a oficinas, obtener constancias, grabar entrevistas y, en casos más graves, por asegurar una resolución positiva a sus solicitudes de refugio.

 

Señaló que el acceso al proceso migratorio puede costar hasta $8,000 pesos, mientras que una resolución favorable o una residencia permanente puede alcanzar los $45,000 pesos. Se está cobrando a gente que no tiene nada, ni para pagar un abogado. Es una mafia institucionalizada y por ello los migrantes deciden huir en caravana.

También se refirió al nuevo centro multiservicios de la comar como un monumento para decir que Tapachula es una cárcel migratoria.

Lo que realmente está impulsando las caravanas no es un deseo de romper la ley, sino el abandono institucional. El gobierno federal ha provocado este éxodo al cerrar todas las vías legales”.

 

Ante este panorama, Villagrán solicitó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la entrega de Formas Migratorias Múltiples (FMM) y visas humanitarias a personas que caminan por la frontera sur, especialmente mujeres y menores de edad.

Asimismo, hizo un llamado al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, para que escuche directamente a la comunidad migrante y no se limite a recibir informes de funcionarios.