La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, obtuvo la vinculación a proceso de Óscar “N”, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público en la institución, por su posible relación en los delitos de cohecho y contra la administración de justicia.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Dirección de Litigación, los
hechos se registraron el 14 de noviembre de 2025, cuando una persona se vio
involucrada en un hecho de tránsito en el municipio de Jiménez.
Los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Zacapu; sin
embargo, no se inició la Carpeta de Investigación correspondiente en ese momento.
Al día siguiente, el imputado presuntamente solicitó a las víctimas la cantidad de 15 mil
pesos en efectivo, a cambio de agilizar la devolución de la unidad.
Las investigaciones establecen que, tras reunir el dinero mediante retiros bancarios, las
víctimas acudieron nuevamente a la agencia del Ministerio Público, donde Oscar “N”
recibió el efectivo y, posteriormente, realizó los trámites para la devolución del
vehículo.
Derivado de estos hechos se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada de
Asuntos Internos, lo que permitió iniciar actos de investigación.
Asimismo, se acreditó que existió un retraso en la procuración de justicia, toda vez que
la Carpeta de Investigación relacionada con los hechos de tránsito no fue iniciada sino
hasta el 18 de febrero de 2026, por un diverso agente del Ministerio Público.
En audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al imputado,
imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijando un plazo
de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Estas acciones forman parte de la política institucional impulsada por el Fiscal General,
Carlos Torres Piña, orientada al combate frontal a la corrupción y a la impunidad al
interior de la institución.
La FGE refrenda que no habrá tolerancia para conductas ilícitas cometidas por
servidores públicos y que todo acto que vulnere la legalidad será investigado y
sancionado conforme a Derecho.