Para el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organización social en la que se agrupan unas 80 comunidades originarias del estado, el 2025 cerrará de manera compleja para las y los habitantes de las diversas localidades que enfrentan problemáticas como la seguridad pública y el acceso a servicios básicos.
Así lo manifestó el vocero y coordinador del Consejo, Pavel Guzmán Macario, quien denunció, la falta de justicia para activistas y defensores de los recursos naturales en comunidades indígenas de las regiones Lacustre, Meseta Purépecha y Sierra-Costa.
En el caso de las últimas dos, el activista expuso que existen riesgos a la población de localidades de la Meseta, Cañada de los Once Pueblos y Ciénega de Zacapu, por el despliegue de seguridad como parte de los planes Michoacán y Paricutín que implementa el Gobierno de México; en tanto que, en Coahuayana, donde recientemente se registró la explosión de una camioneta; la comunidad de afrodescendientes de El Ticuiz es la más expuesta.
Asimismo, lamentó que, a casi un mes del fallecimiento de Roxana Valentín Cárdenas, una mujer purépecha originaria de San Andrés Tzirondáro, quien fue asesinada durante un ataque armado a una manifestación pacífica por el 46 aniversario del territorio de Santa Fe de la Laguna, no exista justicia restaurativa para la familia de la comunera.