El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) lanzó un emplazamiento oficial contra el Estado mexicano y la Comisión Federal de Electricidad debido a la crisis ambiental en la zona de Los Azufres. Esta organización, que integra a 80 comunidades originarias y afrodescendientes, denuncia la contaminación sistemática del agua, el suelo y el aire durante más de tres décadas. Los representantes indígenas señalan a la planta geotérmica como la fuente principal de metales pesados que afectan la vida en los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío.
La base de esta denuncia descansa en un estudio científico interdisciplinario sobre la enfermedad renal crónica presentado el pasado mes de diciembre. Los resultados de dicha investigación confirman la presencia de elementos tóxicos en los mantos acuíferos por encima de los límites permitidos para el consumo humano. Según el informe, existe una relación directa entre la cercanía a la central de la CFE y el aumento de muertes por complicaciones renales en la población local.
En términos estadísticos, la situación en el oriente de Michoacán refleja una emergencia sanitaria sin precedentes para los pueblos otomí y p’urhépecha. En el municipio de Zinapécuaro, más de la mitad de los manantiales registran niveles de contaminación peligrosos, mientras que en Hidalgo el daño alcanza a una tercera parte de los afluentes. Actualmente, los habitantes de esta región representan el 30% del total de pacientes con deficiencia renal en toda la entidad federativa.
El CSIM acusó una desatención histórica por parte de instituciones federales como la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Ante este escenario, la Asamblea General de Autoridades exige la instalación de una mesa de trabajo con capacidad resolutiva en un periodo de quince días. La prioridad absoluta de este diálogo es el suministro inmediato de agua potable y la atención médica especializada para los enfermos de la región.
Finalmente, el Consejo advirtió sobre el inicio de acciones legales y sociales contundentes en caso de que las autoridades ignoren este llamado. El colectivo de abogados indígenas ya prepara los juicios ambientales necesarios para defender el territorio y la salud de las comunidades. Asimismo, la organización mantiene firme la posibilidad de tomar las instalaciones de la Central Geotérmica Los Azufres como medida de presión política y ejercicio de su autonomía.