El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces” y la familia Guzmán Cruz, cuyos integrantes fueron víctimas de desaparición forzada hace más de 50 años, pidieron a las autoridades, aceptar el informe especial sobre este delito de lesa humanidad que elaboró la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En conferencia de prensa, denunciaron que la República Mexicana atraviesa una grave crisis de derechos humanos por desapariciones forzadas que persisten desde el siglo pasado hasta la actualidad con responsabilidad directa del Estado.
Asimismo, lamentaron que familiares deban enfrentar incertidumbre, angustia, indiferencia institucional y revictimización, lo que los obliga a realizar investigaciones por cuenta propia ante la negación gubernamental de la situación.
En ese sentido, demandaron al Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aceptar la realidad, trabajar a partir del informe emitido por la ONU y dejar de descalificar a los colectivos y familiares que siguen en búsqueda de sus desaparecidos.