El fin de año para los pueblos y comunidades indígenas culmina con una situación compleja, un cierre de año critico que mantiene al menos tres frentes: ataques a la autonomía, violaciones a los derechos humanos y presupuestos insuficientes, a lo cual, se suma como agravantes la exclusión histórica, la pobreza centenaria y la discriminación sistémica.
En lo referente a la autonomía, prevalece una ola de ataques y desinformación hacia los autogobiernos, el Ayuntamiento de #SalvadorEscalante continúa sin respetar la libre autodeterminación de Opopeo y sus Encargaturas del Orden y creando grupos de choque, el Ayuntamiento de #Quiroga persiste en desconocer e impugnar el autogobierno de la comunidad indígena de El Calvario, cuando tuvo todo un año para hacerlo, pero es hasta ahora que presenta sendos amparos y el Ayuntamiento de #Erongarícuaro, litigó dos recursos de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN en contra de que la comunidad de Jarácuaro sea Sujeto de Derecho Público. En síntesis, los ayuntamientos mantienen un doble discurso, por un lado dicen apoyar a las comunidades, pero en la práctica atacan jurídica y políticamente las autonomías.
En Michoacán hay una crisis de los derechos humanos, defender a tu comunidad o a los bosques, te cuesta la vida o la libertad, como es el caso de la compañera Roxana Valentín Cárdenas, originaria de la comunidad de San Andrés Tzirondaro y que fue asesinada durante una manifestación pacífica, durante el 46 aniversario de la defensa del territorio de Santa Fe de la Laguna, a la fecha, existe una impunidad total por su injusto asesinato, de igual forma, la compañera María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida, continúa encarcelada por un delito que no cometió, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes defienden el territorio y la madre naturaleza.
En la entidad predomina también la discriminación presupuestal, en días pasados se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2026, donde para atender a las comunidades originarias a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se destinó un capital de 30 millones 688 mil pesos, lo que representa el 0.03 % de total del presupuesto y que utilizan para pagar los altos salarios, insumos y rentas de una burocracia indígena domesticada, pero que es totalmente insuficiente para atender a las 500 comunidades que existen en nuestro estado, recibiendo más presupuesto el Zoológico Benito Juárez con 81 millones.
Finalmente, en la actualidad se ejecutan simultáneamente 5 planes, el Plan Michoacán, el Plan Lázaro Cárdenas del Rio, el Plan de Justicia P’urhèpecha, el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano y el Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca o Pirinda, sin embargo, a la fecha todos se han quedado en promesas, toda vez que al día de hoy, no hay obras de infraestructura de alto nivel construidas en las comunidades.