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Autoridades estatales y federales detuvieron recientemente en Uruapan a otro de los presuntos implicados en el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez. Se trata de Alan Benjamín “N”, quien habría proporcionado un taxi para que dos de los agresores se trasladaran la noche del atentado. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la captura se logró en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos del Ejército Mexicano. De acuerdo con las averiguaciones, el crimen ocurrió el 01 de noviembre de 2025 en la colonia Morelos de Uruapan, durante el Festival de Velas. Las indagatorias establecieron que el ahora imputado aparentemente intervino en la logística del asesinato al facilitar un vehículo del servicio público utilizado para trasladar a los atacantes. Tras cumplimentarse la orden de aprehensión girada por el órgano jurisdiccional competente, Alan Benjamín fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a 11 elementos de seguridad municipal por su presunta participación en los bloqueos registrados el domingo en distintos puntos de la entidad.

Posteriormente, los uniformados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con Torres Piña, los detenidos habrían impedido el retiro de vehículos que obstruían vialidades y presuntamente recibían la indicación -del crimen organizado- de no permitir que personal de la Guardia Civil retirara los bloqueos.

Esta situación derivó en la intervención de la autoridad estatal, que procedió a desarmarlos y asegurarlos.
El fiscal precisó que 10 de los detenidos son originarios del estado de Jalisco y uno al municipio de Buenavista, Michoacán.

Añadió que la situación jurídica de estas personas será determinada conforme avancen las diligencias ministeriales. Carlos
Torres subrayó que la investigación busca esclarecer si existió coordinación o colaboración con grupos delictivos durante los hechos, y reiteró que no habrá tolerancia para servidores públicos que vulneren el orden público o actúen al margen de la ley.