El 9 de mayo de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaba a la empresa Sumilab por suministrar precursores químicos al Cartel de Sinaloa. La sancionaba en la misma tanda que a Joaquín López Guzmán, alias El Güero, uno de los hijos del Chapo. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informaba que ambos eran designados “por haber participado en actividades que han contribuido de manera significativa a la proliferación internacional de drogas ilícitas“. Desde entonces, los propietarios de Sumilab —que EE UU identifica como el corazón de una red de tráfico de fentanilo— han recibido más de tres millones de pesos en adjudicaciones directas hacia el resto de sus compañías. En total, en poco más de dos años, este entramado ha conseguido más de 190 contratos públicos por parte del Gobierno federal, de hospitales y de universidades estatales del norte del país.
“Un asunto familiar”. Así ha definido esta semana el Departamento del Tesoro al entramado que la familia Favela López había montado en Sinaloa para ayudar a Los Chapitos y a sus intermediarios en la producción de fentanilo y metanfetamina. Siete de sus integrantes —Jorge Luis, Francisco, Víctor András y Gabriela Favela, Guillermo Gallardo, Jairo Verdugo y César Elías López— y siete de sus compañías —Favela Pro, Agrolaren, Storelab, Qui Lab, Viand, Favelab y Marcerlab— fueron expuestos este lunes por formar “una red de empresas químicas, de equipamiento de laboratorio y relacionadas con la agricultura” al servicio del Cartel de Sinaloa. Mientras la OFAC lleva años siguiendo la pista a este entramado, a raíz de la sanción a la empresa principal, en México estos negocios han seguido recibiendo dinero público hasta junio de este año.
La historia empieza atrás. En 2001, Jorge Luis Favela junto a sus hermanos, los mellizos Francisco y Víctor Andrés, y sus cuñados Guillermo Gallardo y Jairo Verdugo, fundan Sumilab. El propósito de la compañía es distribuir reactivos, productos químicos y cualquier material que se pueda necesitar en un laboratorio. Con los años, los hermanos incluyen a sus esposas, hijos, sobrinos o primos, para ampliar el imperio familiar. Así nacen Favela Pro, Agrolaren, Storelab o Qui Lab (encabezadas todas por Jorge Luis Favela), Favelab (dirigida por Francisco) o Viand (por Víctor Andrés).
Todas estaban en marcha cuando Sumilab es sancionada por Estados Unidos. Hasta ese momento, la compañía había recibido casi 15 millones de pesos en contratos solo del Gobierno de Sinaloa entre 2018 y 2022. El golpe de la OFAC es brutal. Las asignaciones públicas para la empresa matriz se esfuman, según se puede comprobar en la Plataforma Nacional de Transparencia. En los días y semanas posteriores, los hermanos que estaban al frente de Sumilab empiezan a dejar sus puestos como administradores y presidentes en el resto de las compañías de la red. Ceden sus acciones a sus hijos, a sus hermanas o a sus esposas. También a testaferros, como César Elías López, quien es el responsable de Marcerlab, según apunta el Departamento del Tesoro.
“Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis se retiraron a sí mismos de numerosos registros corporativos —entre ellos Agrolaren, Viand, Favelab y Fagalab— y colocaron a personas de paja en su lugar”, apunta la dependencia estadounidense. Sin embargo, el susto dura poco. En el verano de 2024, los hermanos vuelven a muchas de sus posiciones, según revelan documentos públicos que se han revisado.