Héctor Usla El Financiero
Más de 93 mil jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC) podrían enfrentar reducciones de hasta 60 por ciento en sus pensiones, dependiendo del nivel jerárquico, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que limita estos pagos en el sector público, según la Alianza Nacional de Jubilados.
El decreto, publicado el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece modificaciones al Artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, el cual no podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Ante este escenario, más de 2 mil jubilados provenientes de 29 entidades del país se movilizaron este viernes en Paseo de la Reforma para exigir la suspensión inmediata de la medida y el respeto a sus derechos adquiridos.
Los inconformes argumentan que el decreto vulnera el principio de no retroactividad establecido en el Artículo 14 constitucional. Señalan que la medida modifica condiciones previamente pactadas al momento de su retiro.
En ese sentido, anunciaron el inicio de una estrategia legal que incluirá la presentación de amparos, así como cabildeo con legisladores y organismos nacionales e internacionales.
La modificación constitucional, impulsada por el gobierno federal, tiene como objetivo eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’ en organismos públicos y reducir el gasto en este rubro; sin embargo, ha abierto un nuevo frente de disputa legal al contemplar su aplicación en algunos casos a pensiones ya otorgadas.