La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para revisar el posible uso irregular de recursos públicos relacionados con procesos de contratación en el Instituto Nacional Electoral (INE), organismos electorales locales y empresas que habrían participado como proveedoras.
La indagatoria ocurre después de que surgieran señalamientos y cuestionamientos por la asignación de contratos a personas y empresas presuntamente cercanas al entorno de la actual presidencia del INE. Ante este escenario, el órgano fiscalizador federal informó que ya identificó elementos que ameritan una revisión más profunda.
Entre los aspectos que serán analizados se encuentran posibles irregularidades en procedimientos de contratación, eventuales conflictos de interés, presuntos acuerdos entre participantes y movimientos de recursos que pudieran involucrar a distintas empresas o instancias.
La revisión no se limitará a los funcionarios del órgano electoral, ya que también contempla a servidores públicos y compañías privadas que hayan intervenido en los procesos bajo análisis, con el propósito de determinar si existieron responsabilidades administrativas o algún uso indebido de recursos públicos.
La ASF señaló que llevará a cabo las investigaciones con independencia y bajo criterios técnicos, apoyándose en las facultades que recientemente le fueron otorgadas para ampliar sus labores de fiscalización.
El tema también fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se pronunció a favor de que se realicen auditorías a fondo y sostuvo que cualquier institución pública debe estar sujeta a mecanismos de vigilancia cuando existan señalamientos sobre el manejo de recursos.
La mandataria afirmó que no debe existir tolerancia ante posibles actos de corrupción y llamó a preservar al INE como institución, diferenciando la defensa de su función electoral de la protección de intereses particulares.