Abogados y afectados denunciaron una presunta red de corrupción inmobiliaria en Tijuana que involucraría a jueces civiles ligados a desalojos irregulares en complejos habitacionales.
En particular los señalamientos hablan de dos jueces en Baja California. El caso salió a la luz cuando el abogado Jorge Luis Fuentes Valdez señaló directamente al juez tercero civil, Pedro Galaf Hernández García, y al juez décimo civil, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, por resoluciones que presuntamente favorecieron a grupos externos en litigios de propiedades.
El caso más delicado gira alrededor de 192 departamentos del complejo Campestre Murua, ubicado en Tijuana, donde, según la denuncia, el juez Galaf admitió y resolvió un juicio de desahucio en menos de un mes. Para los denunciantes, la rapidez del procedimiento resulta inusual en asuntos civiles de esta magnitud y podría reflejar posibles irregularidades en el proceso judicial.
De acuerdo con las acusaciones, existiría un patrón de actuaciones que incluye emplazamientos presuntamente irregulares, uso de documentación falsa y desalojos ejecutados con apoyo policial aun cuando había suspensiones federales vigentes. El abogado Fuentes Valdez aseguró que detrás de los casos operaría una estructura integrada por abogados, notarios, funcionarios del Registro Público y operadores vinculados al Estado de México.
Medios locales de Baja California han documentado que las denuncias ya fueron presentadas ante autoridades federales y estatales, mientras organizaciones de abogados y residentes afectados han exigido investigaciones sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.
Hasta el momento, los jueces señalados no han emitido una postura sobre las acusaciones. Tampoco se ha informado de imputaciones formales en su contra.