La UIF bloqueó a 40 personas físicas y morales relacionadas con las investigaciones. La Secretaría Anticorrupción identificó una red empresarial vinculada con los hermanos Hernández Casillas, cuyos contratos con organismos electorales superaron los 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023.
La investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de organismos electorales amplió su alcance. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Guadalupe Taddei por probables delitos relacionados con el ejercicio de su gestión.
Durante la presentación de los avances de las investigaciones, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que las indagatorias comenzaron a partir de reportes de operaciones inusuales o sospechosas recibidos del sistema financiero. No obstante, evitó revelar los nombres de las personas y empresas incluidas en la lista, y tampoco confirmó si Guadalupe Taddei figura entre ellas.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los resultados de una investigación sobre una red empresarial relacionada con los hermanos Hernández Casillas, cuyos antecedentes en el servicio público se remontan a 27 años atrás.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los hermanos comenzaron su trayectoria en el gobierno federal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente ocuparon espacios en otras instituciones públicas.
De acuerdo con la investigación presentada por Buenrostro, entre 2014 y 2023 las empresas vinculadas con esta red obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Entre 2024 y 2025, las contrataciones alcanzaron otros 646 millones de pesos en 15 organismos electorales estatales.
Sheinbaum cuestiona que la atención se concentre en Taddei
Ante estos hallazgos, Sheinbaum sostuvo que las posibles irregularidades en la contratación de proveedores electorales no comenzaron con Guadalupe Taddei y cuestionó que la discusión pública se haya concentrado en la exconsejera presidenta del INE, sin profundizar en el origen de las empresas y en la trayectoria de sus propietarios.
La mandataria planteó que las investigaciones deben esclarecer quiénes son los hermanos Hernández Casillas, cómo construyeron su red de relaciones empresariales y políticas y qué funcionarios participaron en la asignación de contratos.
Subrayó que corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron conductas ilegales y establecer las responsabilidades individuales.
INE prepara denuncia ante la FGR
En paralelo, el Instituto Nacional Electoral presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Guadalupe Taddei por probables delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
El objetivo es que la Fiscalía investigue las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas.
Además, la exconsejera presidenta fue citada para realizar el procedimiento de entrega-recepción de la oficina que ocupó durante tres años y medio. De acuerdo con los lineamientos del Órgano Interno de Control del INE, este trámite debía efectuarse de manera presencial en un plazo máximo de cinco días después de dejar el cargo.
Taddei formalizó su renuncia ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre; sin embargo, el procedimiento administrativo de entrega-recepción aún no había concluido, situación que podría generar responsabilidades adicionales.
También solicitan revisar la gestión de Lorenzo Córdova
La investigación podría extenderse a periodos anteriores del organismo electoral. Sheinbaum señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar si existen elementos para llamar a declarar al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien encabezó la institución desde 2014.
La presidenta pidió que se revisen las contrataciones y posibles irregularidades desde administraciones anteriores, incluso si los plazos para establecer sanciones ya hubieran transcurrido, a fin de esclarecer públicamente lo ocurrido.
Como parte de las medidas para prevenir nuevas irregularidades, Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, transparentar sus procedimientos de contratación e incorporar a otras instituciones a su Consejo de Administración.
Las investigaciones sobre los proveedores electorales, los contratos otorgados por los organismos locales y las posibles responsabilidades de exfuncionarios continúan en manos de las autoridades competentes.

