La Iglesia católica ha cargado contra la Suprema Corte de Justicia de México, tras la publicación de un proyecto de sentencia en el que el Alto Tribunal defiende el derecho al aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Se trata de una acción de inconstitucionalidad contra una reforma del Congreso de Aguascalientes que reduce a seis semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo, y sanciona con prisión el incumplimiento. La Iglesia, a través de su medio Desde la Fe, publicó este fin de semana un editorial en el que asegura que la Corte busca “eliminar el tipo penal de aborto, es decir, permitir el aborto de seres humanos en desarrollo durante los nueve meses de embarazo”, una afirmación que no se sostiene de la lectura del proyecto enlistado por el Supremo para su votación.
Los legisladores de Aguascalientes aprobaron la reforma en septiembre de 2024, a propuesta de la gobernadora, Tere Jiménez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y quien ha declarado abiertamente su postura a favor del “derecho a la vida”. La enmienda contraviene resoluciones de la propia Corte y ha provocado el rechazo de organizaciones civiles, que alertaron de un retroceso en el reconocimiento de derechos de las mujeres y personas gestantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ejecutivo federal, aún durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovieron ante la Corte la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Congreso de Aguascalientes, dominado por el PAN.
El proyecto de sentencia, a cargo del ministro Irving Espinoza, se discutirá el próximo 6 de enero, una elección de fecha que para la Iglesia no ha pasada inadvertida. “Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”, dice el editorial católico. El clero cuestiona que el proyecto tiene “deficiencias metodológicas” y que no hace caso de la evidencia científica y médica que demuestra que “el ser humano desarrolla su sistema nervioso desde la semana siete de gestación”. “Esto quiere decir”, agrega, “que un bebé, cuando es abortado después de la séptima semana, siente y sufre lo que le están haciendo”.
El proyecto del ministro Espinoza, retomando los argumentos planteados por la CNDH, indica que la reforma del Congreso de Aguascalientes “representa una reducción desproporcionada” del plazo de 12 semanas con el que contaban las mujeres y personas gestantes para interrumpir legalmente el embarazo. Esa reducción, argumenta, vuelve impracticable el ejercicio del derecho a decidir. Además, la CNDH defiende que “en la fase embrionaria no es posible afirmar que estamos en presencia de un ser humano”, y que, en la sexta semana, “el embrión depende para su formación de la persona que lo gesta, es decir, no existe probabilidad suficiente de vida autónoma fuera del útero”.
Agrega que, antes de las primeras 12 semanas de gestación, no se han desarrollado “las facultades sensoriales y cognitivas”. “Otorgar un margen temporal muy acotado para abortar de forma legal en Aguascalientes implicaría una protección desproporcionada para el embrión o feto y el desconocimiento efectivo de los derechos de la mujer o persona con capacidad de gestar”, recoge el proyecto de Espinoza. “Esto porque se otorga una protección más intensa al producto de la concepción al acortar el margen de ejercicio del derecho a decidir. Aunque no se criminaliza de forma absoluta a la mujer por abortar, la medida penal prevista reduce prácticamente la posibilidad de hacerlo sin consecuencias legales”, añade.