Organizaciones defensoras de derechos humanos en Tapachula, denunciaron una presunta red de corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración en la frontera con Guatemala.
El activista Luis García Villagrán presentó testimonios, evidencia fotográfica y registros telefónicos que documentan el modus operandi en los cruces de “Casa Roja” en Talismán y Ciudad Hidalgo
Luis García Villagrán, Activista de Derechos Humanos.
“Normalmente les dicen que no hay TVR para que se regresen. Sin embargo, al salir de las instalaciones, personas extraoficiales y coyotes coludidos con la autoridad abordan a las familias para ofrecerles el documento por un costo de hasta 3,000 pesos mexicanos, tomándoles únicamente las fotografías y saltándose los procesos formales”.
Acusaron a funcionarios de negar sistemáticamente la emisión de la Tarjeta de Visitante Regional para forzar a familias guatemaltecas a comprarla con coyotes hasta en 3,000 pesos.
Las organizaciones lanzaron un llamado urgente al Comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para intervenir en los puntos fronterizos de Tecún Umán, Ciudad Hidalgo y Talismán. Señalaron que la práctica constituye un acto de intermediación ilegal y complicidad entre autoridad y traficantes de personas.
“Documentamos presuntos actos de corrupción y complicidad entre funcionarios migratorios y traficantes de personas en los puntos fronterizos de Chiapas. Las familias de origen guatemalteco que intentaban tramitar por primera vez la TVR fueron rechazadas de manera arbitraria en las ventanillas del INM”
Advirtió que la afectación no solo es a los derechos humanos, sino también a la economía regional. La TVR permite movilidad comercial y social entre Guatemala y los municipios del Soconusco, por lo que su negativa deja varadas a decenas de familias que no pueden realizar compras ni visitas cotidianas a Tapachula.
“La TVR no es un documento de tránsito hacia el norte, sino una herramienta de regularización que fomenta la movilidad comercial y social entre la frontera de Guatemala y los municipios del soconusco chiapaneco. La imposición de cobros ilegales ha provocado que familias permanezcan varadas sin poder realizar sus actividades comerciales”
Los quejosos anunciaron que harán públicas las pruebas recopiladas para evidenciar que las prácticas irregulares persisten en el Instituto migratorio pese a los discursos oficiales de cero corrupción.