El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Educación local para que se diseñen e implementen protocolos de prevención, actuación y atención ante situaciones de violencia contra docentes, luego de que en la última década se registraron mil 184 agresiones hacia maestras y maestros en la capital del país.
La modificación, impulsada por la diputada de Morena, Brenda Ruiz Aguilar, establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) deberá proponer estrategias y protocolos para proteger al personal docente frente a agresiones provenientes de estudiantes, madres, padres de familia o cualquier integrante de la comunidad escolar.
Además, dichos mecanismos deberán ser difundidos y estar al alcance de toda la comunidad educativa.
Durante la discusión, la legisladora señaló que garantizar una educación de calidad también implica brindar condiciones de seguridad, respeto y dignidad a quienes imparten clases.
Según los datos expuestos en tribuna, entre 2015 y 2025 se reportaron mil 184 casos de violencia contra docentes en escuelas de la Ciudad de México, cifra que incluye agresiones físicas, psicológicas, simbólicas y digitales.
Ruiz Aguilar sostuvo que detrás de cada caso existe una afectación directa a la labor educativa y a la construcción de entornos escolares seguros, por lo que consideró indispensable fortalecer la protección institucional para las y los maestros.
La reforma fue avalada por unanimidad con 47 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Al respaldar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Patricia Urriza Arellano, advirtió que las agresiones contra docentes se han incrementado en los últimos años, particularmente en alcaldías como Xochimilco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
Añadió que el problema impacta no sólo a quienes imparten clases, sino también al ambiente escolar y al tejido social de las comunidades.
La legisladora destacó que proteger a las y los docentes es fundamental para fortalecer la cultura de paz en las escuelas y garantizar condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con esta reforma, la Ciudad de México contará con herramientas específicas para atender casos de violencia contra el magisterio y establecer mecanismos de respuesta institucional ante situaciones que pongan en riesgo la integridad física o emocional del personal educativo.