La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) presentó una propuesta para crear una Ley Nacional de Transición a la Formalidad, con la que busca modificar la manera en que los pequeños negocios se incorporan a la economía formal.
La iniciativa plantea que formalizarse no sea visto únicamente como el cumplimiento de nuevas obligaciones, sino como un proceso gradual de acompañamiento que permita a los negocios familiares crecer, acceder a beneficios y consolidarse.
De acuerdo con las cifras expuestas por la Confederación, en México existen alrededor de 6.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan cerca del 99.8% de las unidades económicas. De este universo, aproximadamente 4.1 millones operarían en la informalidad.
A esta situación se suma que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.1% durante el segundo trimestre de 2026, lo que refleja la dimensión del reto para incorporar a trabajadores y establecimientos a esquemas formales.
Tres etapas para alcanzar la formalidad
Como parte de su propuesta, CONCANACO SERVYTUR planteó la creación de un Programa Nacional de Transición a la Formalidad, con la meta de que 30% de las unidades económicas informales puedan comenzar este proceso durante los próximos 12 meses.
La ruta estaría integrada por tres etapas. La primera sería acompañar, mediante diagnósticos y orientación en materia fiscal, laboral y municipal, con el objetivo de que los propietarios conozcan qué necesitan para regularizar su actividad.
La segunda fase consistiría en regularizar, estableciendo requisitos y componentes de acuerdo con el tipo de negocio, su actividad y nivel de riesgo, para evitar que todos los establecimientos enfrenten las mismas cargas.
Finalmente, la tercera etapa sería consolidar, mediante acceso a financiamiento, capacitación, proveeduría, mercados y condiciones de mayor estabilidad regulatoria, además de mecanismos de seguimiento.
La Confederación señaló que esta transición podría generar beneficios tanto para las personas como para los negocios y las instituciones públicas. Para los trabajadores y propietarios, significaría mayores posibilidades de acceder a seguridad social, crédito y protección institucional; mientras que para los negocios representaría oportunidades para integrarse a cadenas de proveeduría y nuevos mercados.
Para el Estado, el planteamiento contempla contar con un registro económico más confiable y ampliar la base contributiva, bajo un esquema que busque facilitar la incorporación de los establecimientos en lugar de limitarla únicamente al cumplimiento de obligaciones.
Con esta propuesta, el sector empresarial busca abrir la discusión sobre un modelo de formalización gradual que considere las condiciones y capacidades de los pequeños negocios, particularmente aquellos de carácter familiar.