El Congreso de Coahuila reformó el Código Penal para sancionar el robo o retención de animales de compañía, estableciendo penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 100 a 500 días para quienes se lleven una mascota sin autorización de su dueño.
La sanción puede aumentar hasta la mitad si el responsable obtiene un beneficio económico o si se trata de un animal de servicio o asistencia, reforzando la protección legal de los llamados “seres sintientes”.
La reforma busca prevenir la reventa de animales, su uso en peleas clandestinas, explotación en criaderos ilegales o extorsión a los dueños mediante rescate. Otros congresos estatales, como los de Puebla y Nuevo León, ya habían tipificado este delito, reconociendo que las mascotas son consideradas parte de la familia y que su sustracción genera sufrimiento tanto a animales como a personas.