La reciente determinación sobre la Ley de Voluntad Anticipada, según expertos, señalan que deberá ser ajustada para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El objetivo es establecer mecanismos que permitan que las personas con discapacidad puedan expresar y formalizar su voluntad de manera clara, libre y sin que terceros interpreten indebidamente sus decisiones, al contar con el uso consciente de sus facultades.
Guzmán, destacó que la voluntad anticipada debe partir de una manifestación auténtica de la persona, por lo que, incluso cuando requiera apoyo para comunicarse o comprender el procedimiento, debe existir certeza de que entiende el acto que está realizando y de que la decisión corresponde realmente a sus deseos. En este sentido, consideró que las observaciones de la Suprema Corte fortalecen el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos.
Asimismo, aclaró que las personas que actualmente deseen realizar un documento de voluntad anticipada, en principio, podrían continuar con el procedimiento, ya que hasta el momento no existe una disposición que suspenda su elaboración. Explicó que una persona que se encuentre inconsciente o en estado de coma no podría generar en ese momento una nueva voluntad anticipada, debido a que se requiere que exista capacidad para decidir y expresar la voluntad, aunque quienes tengan alguna dificultad para hacerlo pueden recibir apoyos adecuados para llevar a cabo el proceso.