En Chiapas, la explotación de recursos naturales —desde madera hasta fauna silvestre— suele transformarse en mercancía cuando existe oferta y demanda. El tráfico ilegal de especies ha mantenido presencia constante por lo menos durante el último lustro (2020-2025), aunque su magnitud real permanece en la incertidumbre debido a la ausencia de un registro público que concentre el total de operativos y ejemplares asegurados cada año. Esta falta de datos consolidados impide dimensionar con precisión la gravedad del fenómeno en la entidad.
Durante el primer semestre de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Ambiental, realizó 92 operativos en diversas regiones de Chiapas. De ellos, 68 se enfocaron en tala, tráfico y comercio ilegal de recursos forestales maderables, mientras que el resto incluyó intervenciones relacionadas con otros delitos ambientales donde también se registraron aseguramientos de fauna. En los reportes más recientes destacan decomisos de gran escala: en agosto de 2025, más de 2 mil 300 tortugas fueron liberadas tras un operativo contra traficantes de especies, y la Profepa informó ese mismo año la recepción de nueve monos araña y ocho guacamayas aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Las cifras históricas muestran variaciones considerables según el tipo de operativo. En 2020, autoridades federales reportaron el hallazgo de 31 mil 168 ejemplares asegurados entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Chiapas, aunque no se precisó cuántos correspondían exclusivamente al estado, se presume que una parte significativa provenía de esta región. A lo largo de seis años, la Profepa registró en Chiapas 18 operativos, 340 acciones de vigilancia y 456 visitas de inspección, acciones que derivaron en decomisos de aves, primates, reptiles y otras especies que transitan por rutas ilegales hacia mercados nacionales e internacionales.
A pesar de los operativos y las acciones de vigilancia, el tráfico de especies continúa siendo un problema estructural en Chiapas. La carencia de una base de datos unificada entre autoridades estatales y federales no sólo dificulta evaluar el impacto real de estas actividades ilícitas, sino que también limita el diseño de estrategias más efectivas para combatirlas. Mientras tanto, la entidad sigue figurando como uno de los principales corredores del tráfico de fauna en el país, en un contexto donde los recursos naturales se ven amenazados por la demanda del mercado clandestino.
