El Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) formalizaron una alianza para fortalecer la atención y el acceso a la justicia de personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas.
El magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, y el jefe de la Sub Oficina del ACNUR, Gustavo Gouveia, firmaron una Carta de Entendimiento de Colaboración que dará continuidad a los trabajos que ambas instituciones desarrollan en materia de movilidad humana y protección de derechos.
Moreno Guillén destacó que Chiapas enfrenta una realidad particular debido a los episodios históricos de desplazamiento interno y a su condición de puerta de entrada al país para miles de personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica.
Señaló que el acuerdo permitirá fortalecer la capacitación del personal judicial mediante diplomados, cursos y otras herramientas orientadas a incorporar una perspectiva de derechos humanos y un trato humanista en los procesos y resoluciones judiciales.
Por su parte, Gustavo Gouveia explicó que la colaboración busca consolidar una respuesta conjunta entre instituciones para garantizar que las personas en contexto de movilidad puedan acceder a mecanismos efectivos de justicia y protección de sus derechos. Entre las acciones previstas se encuentra la elaboración de un protocolo interno de actuación con enfoque de derechos humanos, así como programas de capacitación dirigidos a personas juzgadoras, integrantes de la Defensoría Pública y personal de las distintas áreas involucradas.
También se contempla la creación de un observatorio de sentencias y de actuación judicial en materia de desplazamiento forzado y protección internacional, además del fortalecimiento de la representación jurídica para personas refugiadas.
