La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca regular el uso de los recursos hídricos en México, ante la creciente preocupación por el cambio climático y las sequías que afectan a diversas comunidades. Sin embargo, esta legislación enfrenta el desafío de equilibrar los intereses de las grandes agroindustrias con el derecho de las poblaciones a acceder al agua.
De acuerdo a Jorge Aguilar Reina, coordinador comercial del Centro Agroecología San Francisco de Asís (CASFA), este decreto trae un debate entre la producción y el acceso al agua para las familias.
“La situación es crítica. Las sequías frecuentes están generando conflictos entre las industrias agropecuarias y las comunidades que ven cómo sus flujos de agua se reducen”.
Jorge Aguilar Reina / Repte. CASFA.
Esta tensión se intensifica con la creciente demanda de agua por parte de cultivos como plátano, palma de aceite y caña, por ejemplo, en la región Soconusco.
También mencionó que la reforma busca dar una rectoría al Estado, una demanda histórica, para priorizar el derecho al agua.
“El derecho de la población a producir alimentos y tener acceso al agua debe ser priorizado. Sin embargo, las concesiones históricas a grandes industrias están chocando con este derecho. “Estamos viendo cómo empresas que consumen enormes cantidades de agua ponen en riesgo el acceso de las comunidades locales”.
Uno de los casos más emblemáticos se dio en Tecate, Baja California, donde una cervecera intentó establecerse, amenazando el suministro de agua a la población.
“Si se permitía esa concesión, se dejaba sin agua a los habitantes, lo que evidencia el conflicto entre la producción y el derecho al agua”.
La reforma también plantea la necesidad de regular los pozos profundos, que han proliferado en regiones como el Soconusco. Señaló que, actualmente existe una veda para la perforación de nuevos pozos, lo que es positivo, pero se necesita una regulación efectiva para que los pequeños productores accedan a los beneficios que se prometen