El despido de Esmeralda Morales, trabajadora con 12 años de servicio en la Universidad Autónoma de Chiapas, ha generado inconformidad al considerar que la terminación de su relación laboral fue injustificada y afecta directamente la estabilidad económica de su familia.
La afectada señaló que su separación del cargo se derivó de señalamientos administrativos relacionados con la entrega de una botarga institucional, situación que asegura no formaba parte directa de sus responsabilidades, ya que únicamente fungió como gestora dentro del proceso.
La denunciante señaló que durante su trayectoria laboral no había recibido sanciones ni actas administrativas, por lo que considera desproporcionada la decisión tomada por la institución. Según relató, el argumento oficial fue la pérdida de confianza, lo que derivó en su salida inmediata sin intervención del área jurídica universitaria.
Señaló que la pérdida de su empleo representa no solo una afectación profesional, sino también una situación de vulnerabilidad económica al quedarse sin su fuente principal de ingresos tras más de una década de servicio universitario.
