Autoridades estatales informaron sobre la detección de un presunto daño patrimonial por 34 millones de pesos en el sector educativo, derivado de pagos indebidos, incluso a personas fallecidas. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto, explicó que, al tratarse de recursos de origen federal, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes.
Romero Basurto detalló que actualmente la Federación ya inició el proceso resarcitorio, lo que podría derivar en medidas como embargos contra exfuncionarios que encabezaban las dependencias involucradas en el momento de las irregularidades. Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con la facultad legal para sancionar de manera directa este tipo de casos.
Asimismo, indicó que el gobierno estatal mantiene coordinación con la Federación en el seguimiento de la cuenta pública; sin embargo, reconoció que existen limitaciones legales que impiden a las autoridades locales aplicar sanciones directas mientras no existan mecanismos formales de colaboración.
Por su parte, la funcionaria señaló que, tras el reciente cambio en la titularidad de la Auditoría, existe la posibilidad de que se firmen convenios con los estados, lo que permitiría a las entidades federativas participar de manera más activa en la aplicación de sanciones. De concretarse, afirmó, sería una noticia positiva para Chiapas en el fortalecimiento del combate a la corrupción.