Más de 4 mil personas desplazadas de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano continúan a la espera de una resolución definitiva que permita avanzar en el proceso de indemnización por el despojo de sus tierras ocurrido en 1994.
Los afectados señalan que, debido a las condiciones de inseguridad y al conflicto que persiste en la región, no existen garantías para regresar a sus propiedades.
El desplazamiento tuvo un impacto profundo en cientos de familias campesinas que perdieron alrededor de 42 mil hectáreas distribuidas en unas 440 propiedades. Durante más de 32 años, los afectados dejaron de producir maíz, frijol, ganado y otros cultivos que constituían su principal fuente de ingresos y sustento.
Además de perder sus tierras, miles de personas se vieron obligadas a rehacer su vida en distintos puntos de Chiapas y fuera del estado, enfrentando afectaciones económicas, sociales y familiares derivadas de la pérdida de su patrimonio y de la imposibilidad de regresar a las comunidades donde desarrollaban sus actividades productivas.
