Más de 300 personas que adquirieron predios en el Fraccionamiento Universitario exigieron la intervención de las autoridades estatales para recuperar el dinero que, aseguran, aún se les adeuda por la venta de los terrenos.
Un grupo de alrededor de 60 representantes de los afectados se manifestó para denunciar que, aunque la operación se formalizó mediante un fideicomiso, únicamente recibieron dos pagos en 2016 y desde entonces no ha habido más depósitos, pese a que el acuerdo contemplaba la liquidación total del monto pactado.
Los inconformes señalaron que desde 2019 mantienen un proceso legal para exigir la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos y conocer el estado de la operación, ya que consideran que existen irregularidades en la administración del patrimonio.
Explicaron que muchos realizaron esta inversión hace más de cuatro décadas con la esperanza de construir un patrimonio familiar y hoy continúan a la espera de que se les liquide lo que les corresponde.
