La reciente reforma al Código Penal de Chiapas que tipifica la cohabitación forzada de menores de edad como un delito grave marca un giro relevante en la política criminal del estado frente a una práctica históricamente normalizada.
La iniciativa surgió en un contexto alarmante: Chiapas encabeza las estadísticas nacionales de embarazos infantiles, un indicador que revela profundas fallas estructurales en la protección de los derechos de la niñez.
Aunque la reforma busca erradicar uniones forzadas que suelen justificarse bajo usos y costumbres, organizaciones civiles advierten que el problema no se limita a comunidades indígenas ni rurales.
El fenómeno de la cohabitación forzada está vinculado a la falta de educación sexual integral, a la desigualdad de género y a una visión cultural que limita el horizonte de las niñas y adolescentes.
Especialistas subrayan que, sin políticas públicas que garanticen educación sexual en todos los niveles, capacitación docente y espacios comunitarios de información para madres y padres, la reforma corre el riesgo de castigar las consecuencias sin transformar las causas profundas que perpetúan la violencia y la exclusión.
