En México, 46 de cada 100 personas detenidas por delitos de alto impacto en los últimos 15 meses no permanecieron en prisión, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre octubre de 2024 y enero de 2026 se reportaron 43 mil 438 detenidos, sin embargo, las estadísticas penitenciarias indican que la población en cárceles pasó de 236 mil 3 personas a 259 mil 106, lo que representa un incremento de 23 mil 103 internos, dejando a 20 mil 335 detenidos fuera de prisión.
Especialistas en seguridad señalan que esta situación responde, en muchos casos, a fallas en los procesos de investigación. El consultor David Saucedo explicó que algunos detenidos logran recuperar su libertad por corrupción, sobornos o por la incapacidad de las autoridades para integrar adecuadamente las carpetas de investigación, además de la intervención de abogados que aprovechan errores legales durante el proceso.
Por su parte, la abogada penalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leslie Jiménez, aclaró que una detención no implica automáticamente que una persona sea enviada a prisión preventiva o vinculada a proceso. Indicó que primero debe determinarse la legalidad de la detención y posteriormente analizar si existen elementos suficientes para continuar con el caso en el sistema judicial.
Mientras tanto, el sistema penitenciario enfrenta un panorama complejo, ya que 144 de los 278 centros penitenciarios del país presentan sobrepoblación, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. En el Reclusorio Norte, por ejemplo, algunos dormitorios albergan hasta 16 personas, aunque sólo seis cuentan con espacio adecuado para dormir, situación que evidencia la presión que enfrenta el sistema carcelario en México.