Entre el endurecimiento de políticas migratorias de Estados Unidos y el retorno forzado de mexicanos, el Albergue Jesús el Buen Pastor, fundado por Olga Sánchez Martínez, se ha convertido en un punto de refugio humanitario en la frontera sur. El espacio atiende desde mexicanos repatriados varados hasta migrantes centroamericanos enfermos, sin recibir recursos oficiales.
“El albergue atiende a repatriados mexicanos que quedan varados en la frontera. Si los apoyamos, como usted ve, tenemos esas personas ahí. Ahorita tenemos un señor hondureño operado, se le está dando apoyo médico en el albergue”.
Ever / Administrador del Albergue Jesús el Buen Pastor

La crisis migratoria se agudiza. Familias completas y hombres solos llegan sin redes de apoyo. Algunos mexicanos deportados por segunda vez ya no reciben ayuda federal para volver a sus estados, por lo que optan por quedarse en Tapachula. El albergue gestiona empleo con empresas locales para evitar que caigan a la calle.
“Un joven mexicano ya era deportado por segunda vez de Estados Unidos. Ya no le daban apoyo para que se devolviera. Se quedó aquí, conseguimos trabajo en una bananera, empresa cálida, y ahí está trabajando”.
La ruta migratoria también cobra vidas. Recientemente un hombre que llegó al albergue con muletas y problemas pulmonares fue hospitalizado. Tras salir, rentó cerca y falleció al día siguiente. Pese a la saturación, que ha oscilado entre 200 y 1,500 personas, el equipo no rechaza a nadie: ofrece comida, techo y traslados al centro de asistencia temporal en el estadio de Tapachula cuando los migrantes deciden volver. Inserto3.

El temor a las acciones de Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump, en referencia a políticas de expulsión— ha frenado flujos, pero también ha dejado a más personas varadas.
“No tenemos apoyo de ninguna institución. Pueden ver esta tienda que tenemos acá: de las ganancias hacemos pan para vender. Hemos ido a poner un puesto afuera del estadio con la idea de recaudar fondos para mantener puertas abiertas”.
Mientras la política migratoria se endurece al norte y los programas de repatriación resultan insuficientes, espacios como el de doña Olga sostienen con autogestión lo que el Estado no garantiza: dignidad en el tránsito o en el retorno.
