Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este lunes bajo la modalidad de brazos caídos en Ciudad del Carmen, para exigir que se respeten sus derechos laborales y se garantice la estabilidad de quienes cuentan con plazas definitivas.
Los inconformes aclararon que no están en contra de presentar exámenes de evaluación ni de que se mida su preparación profesional; sin embargo, cuestionaron que el examen de conocimientos tenga únicamente un valor del 40 por ciento dentro de la calificación final, mientras que el resto dependa de otros mecanismos de valoración.
De acuerdo con el esquema de evaluación que ha generado inconformidad entre el personal judicial, el 40 por ciento corresponde al examen de competencias, 20 por ciento a capacitación, 22.5 por ciento a la evaluación del titular del órgano jurisdiccional, 7.5 por ciento a la valoración de compañeros y 10 por ciento a reportes institucionales.
La principal preocupación de los trabajadores es que las valoraciones realizadas por superiores y compañeros puedan prestarse a criterios subjetivos y afectar la trayectoria de quienes han dedicado años de servicio a la institución.
El conflicto se originó tras las nuevas disposiciones del Órgano de Administración Judicial, que establecen mecanismos de evaluación del desempeño para el personal de carrera judicial, entre ellos secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
La inconformidad también se relaciona con las posibles consecuencias de las evaluaciones posteriores, pues los trabajadores consideran que no deben convertirse en instrumentos para poner en riesgo sus plazas, antigüedad y prestaciones.
A nivel nacional, las manifestaciones se extendieron a distintas entidades del país. Ante esta situación, el Órgano de Administración Judicial sostuvo que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y no determinará despidos ni la pérdida de plazas.
Los trabajadores de Ciudad del Carmen se sumaron a la exigencia de que las autoridades revisen los criterios establecidos y garanticen que cualquier proceso de evaluación sea transparente, objetivo y respetuoso de los derechos adquiridos.
Su postura es clara: están dispuestos a ser evaluados y a continuar capacitándose, pero piden que su permanencia laboral no dependa de criterios que consideran ajenos a sus conocimientos, preparación y desempeño profesional.