Ejidatarios de Pomuch han iniciado el diálogo con invasores de sus tierras en la ampliación de Candelaria, y que en primera instancia pretenden regularizar la situación ofreciendo 5 mil pesos por hectárea de un total de 47 mil, pero también lanzaron una contrapuesta, de 10 mil pesos por hectárea.
Cabe recordar que el conflicto por esta tierra es de muchos años atrás y que la encabezaba el hoy difunto, Luis Antonio Che Cu, y aseguran que son cerca de 4 mil posesionarios del predio y en medio de una asamblea lanzaron la propuesta.
En total, fue una comisión de 21 personas que actualmente ocupan tierras en la tercera ampliación forestal de Candelaria las que se acercaron con los ejidatarios de Pomuch para regularizar su situación.
Todos ellos llegaron representados por el abogado Juan Carlos Flores Solís y por Marco Morales del Olmo, este último vocero del grupo, indicando que ofrecen 5 mil pesos por hectárea por un total de 47 mil hectáreas, actualmente habitadas por más de 4 mil personas.
El caso fue expuesto ante la asamblea ejidal por el comisario Pedro Yam Poot, quien explicó que los pagos se establecerían bajo una vía comercial, sin embargo, subrayó que la última palabra la tiene el Instituto Nacional de Desarrollo de la Vivienda, quien deberá fijar el precio real.
La propuesta de los ocupantes incluye un acuerdo tripartita, donde el gobierno federal aportaría una parte del pago, el estatal otra, y el resto lo cubrirían los asentados en la zona, por lo que el caso sería analizado posteriormente.
Durante la asamblea, varios ejidatarios manifestaron su inconformidad con el monto ofrecido, considerando que 5 mil pesos por hectárea es insuficiente, argumentando que estas tierras han sido explotadas por años por los ocupantes y que el pago justo debería ser de al menos 10 mil pesos por hectárea.
También expresaron preocupación por la duración del proceso, pues apenas se encuentran en la etapa inicial de gestión, pero que al menos ha dado inicio el diálogo para lograr una solución a este conflicto.
A pesar de las diferencias, el diálogo continúa abierto entre ambas partes, mientras esperan la intervención oficial de las autoridades correspondientes, pero señalan que el proceso podría tomar varios años, pero representa un paso importante hacia la posible regularización de miles de familias que hoy habitan en la zona en condiciones legales indefinidas.