La diputada Claudia Quiñones Garrido presentó una iniciativa para asegurar que todas las personas diagnosticadas con cáncer reciban tratamiento oportuno y medicamentos sin interrupciones. La propuesta adiciona un nuevo apartado en la Ley General de Salud para establecer responsabilidades claras a las instituciones públicas.
El planteamiento indica que si un hospital no puede otorgar el tratamiento en un plazo máximo de veintiún días posteriores al diagnóstico, el Estado deberá cubrir la atención en instituciones privadas acreditadas. Con esto, se pretende evitar retrasos que puedan reducir las posibilidades de recuperación.
La iniciativa también propone que la Secretaría de Salud formalice convenios con prestadores privados, con tarifas reguladas y criterios estandarizados de seguimiento clínico.
Quiñones sostiene que el cáncer requiere atención inmediata, pues cada semana de demora disminuye las tasas de supervivencia, incrementa los costos y afecta gravemente la salud física y emocional de los pacientes.