Moni Pizani Orsini, representante de ONU Mujeres en México, recordó que el 25 de noviembre nació de la fuerza del movimiento feminista latinoamericano y del legado de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960.
En la “Mañanera del Pueblo”, Pizani señaló que las violencias contra las mujeres siguen adoptando múltiples formas, incluido el feminicidio y la violencia digital, y llamó a reforzar la movilización global de los 16 Días de Activismo.
Afirmó que México envía al mundo un mensaje determinante: “Ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres”. Reiteró que la ONU acompañará de forma permanente los esfuerzos del Estado mexicano.
Una agenda nacional que baja al territorio
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, presentó el calendario oficial de los 16 Días de Activismo.
Las acciones incluyen capacitaciones, materiales de difusión, activaciones comunitarias, convenios con plataformas digitales para movilidad segura, caminatas para ubicar zonas de riesgo, murales creados por jóvenes, encuentros nacionales y mesas especializadas para combatir la violencia digital y mejorar la justicia para las víctimas.
Se trata, dijo, de una intervención simultánea en ciudades, municipios, colonias y barrios: “Ahí donde transcurre la vida de las mujeres”.
Legisladoras buscan homologación nacional de leyes
Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, anunció que legisladoras y legisladores de los 32 estados alcanzaron un acuerdo para sistematizar y armonizar leyes de protección a mujeres, niñas y adolescentes.
El llamado Acuerdo de Xicoténcatl contempla revisar marcos jurídicos locales y avanzar en la homologación del delito de abuso sexual en todo el país.
Burgos agradeció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que su compromiso ha fortalecido la coordinación legislativa.
Senado urge a atender pendientes críticos
Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, advirtió que persisten reformas clave sin aprobar en varios estados.
Entre ellas: incorporar perspectiva de género e igualdad salarial en constituciones locales; actualizar leyes de seguridad pública y fiscalías; garantizar que toda muerte violenta de mujeres se investigue inicialmente como feminicidio; impedir que familias de feminicidas obtengan patria potestad; combatir la violencia digital; consolidar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios; reconocer la violencia vicaria; y sancionar la divulgación de material audiovisual de feminicidios.
También insistió en prohibir la violencia obstétrica y asegurar un trato digno en servicios de salud. “No podemos normalizar maltratos que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres”, señaló. (Noticias de México)