Guanajuato enfrenta una crisis de desapariciones forzadas que, según activistas, se agrava por la impunidad y la ausencia de políticas estatales integrales. Con información del Sol de León, Raymundo Sandoval Bautista, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, señaló que desde 2021 se han activado más de treinta acciones urgentes por parte de familias de personas desaparecidas, una herramienta internacional que busca presionar a las autoridades para garantizar la búsqueda, la investigación y la protección de las víctimas.
Sandoval explicó que el estado mantiene un compromiso triple ante las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual evalúa si las desapariciones en México, incluido Guanajuato, pueden considerarse generalizadas y sistemáticas. Este reconocimiento implicaría aceptar que existe un patrón de violencia estructural en el territorio, y no hechos aislados.
El activista advirtió que en Guanajuato existen casos documentados de participación directa o indirecta de policías municipales en desapariciones forzadas, como en Romita, Santa Cruz de Juventino Rosas e Irapuato. En algunos casos, los oficiales fueron procesados y liberados posteriormente, lo que, dijo, evidencia la falta de seguimiento judicial y el encubrimiento de patrones de complicidad que no han sido investigados a fondo.
Sandoval también mencionó que la Fiscalía General del Estado ha sostenido reuniones con colectivos de búsqueda para dar seguimiento al informe de la ONU de 2021, aunque consideró que las acciones son insuficientes. Afirmó que las medidas se han limitado a procesos de investigación sin una estrategia estatal que prevenga y erradique las desapariciones, a pesar de la obligación internacional de implementar un plan de atención integral.
Finalmente, el activista subrayó que las desapariciones se han cuadruplicado en los últimos años y que la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante, incluso después de la declaratoria de alerta de género. Afirmó que la falta de voluntad política mantiene la crisis vigente y que el Estado debe asumir su responsabilidad para cumplir las recomendaciones internacionales, atender las acciones urgentes y reconocer la magnitud del problema en todo el territorio guanajuatense.