En Guanajuato, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó su rechazo a la minuta de reforma electoral conocida como “Plan B”, al considerar que ignora uno de los principales problemas del sistema democrático: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. La legisladora señaló que esta omisión representa un riesgo para la legalidad y la equidad en las contiendas.
Durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde el dictamen se votó en sentido negativo, Bermúdez Cano advirtió que existen regiones en las que campañas políticas reciben financiamiento ilícito. También denunció prácticas de presión y violencia para influir en el voto ciudadano, lo que, afirmó, vulnera la voluntad popular.
La diputada sostuvo que la propuesta avanzó sin acuerdos amplios y no responde a las realidades locales de las entidades federativas. A su juicio, el proyecto introduce una rigidez normativa innecesaria en la Constitución, cuando varios de sus planteamientos podrían atenderse mediante leyes secundarias. Además, consideró que el diseño del “Plan B” afecta la autonomía estatal y pone en riesgo los derechos político-electorales.
Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks subrayó la relevancia del federalismo en la vida democrática del país. Señaló que modificar reglas fundamentales sin consenso amplio y con mayoría simple puede debilitar las instituciones. Ambos coincidieron en que la reducción de estructuras y ajustes presupuestales planteados podrían traducirse en un retroceso bajo el argumento de austeridad.