En Guanajuato, la violencia no solo se mide en cifras, sino también en el poder de fuego que utilizan los grupos delictivos. En la última década, más de la mitad de las armas aseguradas en el estado corresponden a armamento de alto calibre, incluyendo piezas consideradas de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2015 y 2025 se han decomisado más de 3 mil 400 armas. De ese total, el 52 por ciento son armas largas o de uso militar, lo que evidencia un incremento en la capacidad operativa de la delincuencia.
Autoridades estatales señalan que cada arma asegurada está vinculada a algún delito, desde robos hasta homicidios y actividades de grupos organizados. Esto refleja no solo la presencia de armamento, sino su uso constante en hechos violentos.
Especialistas advierten que este fenómeno está ligado, en gran medida, al tráfico ilegal de armas provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos, así como al intercambio entre entidades vecinas.
Además, uno de los principales problemas es la falta de trazabilidad. Muchas de estas armas ingresan de manera ilegal y posteriormente son modificadas para eliminar sus números de serie, dificultando su rastreo.
El uso de este tipo de armamento coloca a los grupos delictivos en una posición que incluso puede igualar o superar el equipamiento de las corporaciones de seguridad, lo que representa un desafío importante para las autoridades.
Ante este panorama, expertos hacen un llamado a fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar los mecanismos de inteligencia y revisar las sanciones por portación de armas de alto calibre.
La situación, advierten, requiere una estrategia integral que no solo atienda el combate directo al crimen, sino también el flujo de armas que alimenta la violencia en la región.
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