El presidente municipal de San Miguel de Allende lanzó un llamado directo a revisar a profundidad la estructura y el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al considerar que este organismo se ha alejado de las preocupaciones reales de la ciudadanía.
El alcalde señaló que existe una percepción social cada vez más negativa hacia las procuradurías de derechos humanos, situación que —dijo— no puede seguir ignorándose. De acuerdo con datos de una encuesta que citó, seis de cada diez personas consideran que estos organismos suelen proteger más a los delincuentes que a las víctimas.
Aclaró que su postura no busca desacreditar a la institución, sino exigir que las recomendaciones que emite estén sustentadas en investigaciones serias, profundas y bien documentadas. Señaló que cuando se demuestra una falta real por parte de la autoridad, las recomendaciones deben aceptarse con responsabilidad.
Sin embargo, advirtió que no está dispuesto a aceptar señalamientos que no estén respaldados por procesos sólidos, ya que pueden dañar injustamente la reputación de servidores públicos y sus familias.
El alcalde diferenció entre su función pública y su esfera personal, asegurando que como presidente municipal está obligado a enfrentar críticas, pero no permitirá ataques sin fundamentos que vulneren su imagen personal.
Asimismo, expresó respeto hacia la actual procuradora de los Derechos Humanos, a quien reconoció en lo personal, pero reiteró que su crítica va dirigida al funcionamiento institucional y no a las personas.
Finalmente, defendió el trabajo de los cuerpos policiales y afirmó que es injusto que, tras arriesgar su vida, un elemento sea sancionado mientras el presunto delincuente recibe respaldo institucional. Reiteró que su postura está del lado de las víctimas, empresarios y ciudadanos afectados por la delincuencia.