El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la reforma electoral para reducir el costo de ayuntamientos y congresos locales, además de prohibir que consejeros y magistrados electorales perciban una remuneración superior a la de la Presidenta de la República.
Sin modificación alguna al proyecto avalado previamente por el Senado de la República, la reforma constitucional prevé asimismo recortar el presupuesto del Senado de la República 15 por ciento de manera progresiva durante los próximos cuatro años.
Las reformas constitucionales aprobadas establecen como máximo un total de 15 regidurías por ayuntamiento.
Asimismo, prevé que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Dichas disposiciones deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los congresos locales.
Las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, así como de titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas del INE, organismos locales electorales y tribunales electorales de las entidades federativas no excederán la remuneración asignada al Presidente de la República.
Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas por la ley.