El Gobierno de México informó los avances en la aplicación de las reformas aprobadas en julio de 2025 en materia de desaparición de personas, que incluye la puesta en marcha de nuevos mecanismos de búsqueda, investigación y coordinación institucional. Entre las principales acciones destaca la Alerta Nacional de Búsqueda, que se activa de forma inmediata al reportarse una desaparición y se difunde de manera masiva a más de 500 instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, comisiones de búsqueda, fuerzas de seguridad, aeropuertos, empresas telefónicas y hoteles.
Como parte de estas reformas, se estableció la obligatoriedad de abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición. Las fiscalías especializadas deben contar con unidades de investigación, análisis de contexto, delitos cibernéticos, atención a víctimas y búsqueda tanto inmediata como de larga data, es decir, casos que no son recientes. Además, se creó una Base Nacional de Carpetas que integra información de las fiscalías del país y permite conocer el estatus de localización de las personas, así como si hubo delito o ausencia voluntaria.
En materia tecnológica, se implementó la Plataforma Única de Identidad, que utiliza la CURP como identificador central para facilitar la localización de personas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que esta herramienta fortalece las labores de búsqueda, al tiempo que se prioriza la localización con vida. Asimismo, se reforzó la búsqueda forense mediante la creación de grupos multidisciplinarios.
“Otro avance es la plataforma única de identidad. Es una herramienta tecnológica del Registro Nacional de Población que utiliza la CURP como la única identidad, lo que facilita a la Comisión Nacional de Búsqueda la localización de personas”.
“Aunque priorizamos la búsqueda en vida, también se fortaleció la búsqueda forense con un análisis de información y la creación de grupos multidisciplinarios de búsqueda y perfiles técnicos de arqueología y antropología. Ahora existe la obligación de revisar todos los lugares de resguardo, de cuerpos, incluido el SEMEFO, el INCIFO, fosas comunes, así como realizar análisis de ADN, toma de fotografías y documentación”.
El gobierno destacó también el trabajo con colectivos y familiares de personas desaparecidas, con la realización de 134 mesas de diálogo, 137 reuniones institucionales y la participación de 774 colectivos, que derivaron en 570 propuestas. A esto se suman 32 mesas de trabajo con organismos internacionales para fortalecer las estrategias de búsqueda y atención.